CARECE GOBIERNO DE POLITICA AMBIENTAL

Ciudad de México, domingo 7 de junio de 2009 (ASIC/La Jornada).- Frente a la celebración mundial del Día del Medio Ambiente en México y a casi tres años de la actual administración, los pendientes en el sector se acumulan: ausencia de acciones concretas para atacar el cambio climático, la deforestación se mantiene, hay rezago en el manejo de residuos peligrosos y regulaciones que permanecen en el escritorio de los funcionarios.
Expertos evaluaron la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ante la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que tuvo lugar ayer bajo el lema “Tu Planeta te necesita. Unidos contra el cambio climático” en Quintana Roo, uno de los estados más ricos en biodiversidad y desarrollos turísticos.
El titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, al comenzar su gestión sostuvo que la protección de bosques y selvas, el cuidado del agua, la integración de planes de manejo en las Áreas Naturales Protegidas y la gestión integral tanto de los residuos sólidos como de los peligrosos, serían los ejes de acción. También consideró que el cambio climático era un tema de seguridad nacional.
A casi tres años del gobierno de Felipe Calderón, apenas se presentaron rasgos generales del Programa Especial de Cambio Climático (PECC). “Éste debe contener metas y objetivos específicos, medibles y cuantificables de lo que va a hacer México para contribuir a reducir sus emisiones de bióxido de carbono que están contribuyendo con el cambio climático mundial”, señaló Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“No existe una política ambiental de compromiso para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y mientras en el discurso internacional se insiste en que México las reducirá 50 por ciento para 2050, el programa de obras e inversiones del sector eléctrico 2009-2018 señala que la segunda tecnología para la generación de energía en el país será el carbón. Esto demuestra la incongruencia del gobierno federal en materia de políticas sobre energía y en los esfuerzos para revertir los efectos del cambio climático”, indica por su parte Greenpeace.
Alanís considera que también en materia forestal ha quedado al descubierto que el Pro Arbol, el principal programa ambiental de esta administración, “no ha dado los resultados esperados, que se han plantado especies donde no se dan, las cifras no coinciden, no es claro el manejo de los dineros, por lo que se requiere que este se redefina, sea transparente y cumpla con las metas de reforestación que se tienen contempladas”, frente a una pérdida forestal de alrededor de entre 400 mil y 600 mil hectáreas.
Tras la salida de José Cibrián de la dirección de la Comisión Nacional Forestal en marzo pasado, aún no se ha designado a quien lo sustituirá.
Indica que también hay un enorme rezago en cuanto a confinamientos para la disposición final de residuos peligrosos ya que sólo opera uno en todo el país, el de Mina, Nuevo León.
Refiere que a pesar de que existe el Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable (CCNDS) y los Consejos Regionales, que son espacios de participación pública en materia ambiental para asesorar a la Semarnat en temas de política ambiental, “en la práctica este tipo de espacios no han servido para nada, no se da seguimiento a las recomendaciones que se hacen a la Secretaria y no se sabe qué se cumple y qué no de lo que se recomienda”.
Sin una norma mexicana específica sobre pilas, la que se trabajó desde 2007 entre la Semarnat, los importadores de pilas y expertos, ya está lista. Se encuentra desde noviembre pasado “en el escritorio de la secretaría, ahí está guardada, no la han sacado”, indica Daniel Basurto, director de la Asociación Mexicana de Pilas. Explica que entre los aspectos que incluye esa regulación está la seguridad en esos productos y que no signifiquen un riesgo, carezcan de mercurio y cumplan con la normatividad europea.
Pero sí se han aprobado regulaciones que afectan al medio ambiente como con la nueva Ley de Turismo, sobre la cual la Semarnat no se pronunció, aunque permite aplicar a discreción el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, el cual al aprobarse al principio de esta gestión fue un avance en la protección del manglar. Ahora, la nueva legislación deja en los municipios la decisión para autorizar la tala de ese ecosistema para la construcción de desarrollos turísticos, indica Greenpeace.
Alanís sostiene que otro gran pendiente es la justicia ambiental. “Estamos muy rezagados, sigue habiendo impunidad, falta legalidad y un verdadero estado de derecho en materia ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a más de 15 años de su creación, no ha dado los resultados esperados de una verdadera fiscalización ambiental. Responde en muchas ocasiones a intereses políticos o de los políticos, de los funcionarios y de empresarios que no respetan ni a la ley ambiental ni a la naturaleza. Valdría la pena analizar las fortalezas y debilidades de una institución como ésta y de allí ver que rumbo debe de tener a futuro”.